viernes, 20 de abril de 2018

La traición de Montoro.


                                                                           



Hay un aspecto especialmente grave en el que nadie parece querer entrar, ese punto es la derivación lógica de un tema que en estos últimos días se ha convertido en punto central de la actualidad española.
Los puntos oscuros del asunto de actualidad al que me refiero están siendo objeto del mayor de los encubrimientos, que es el silencio mediático respecto al trasfondo de los hechos, son aspectos sobre los que toda la prensa del pesebre voluntaria y unánimemente ha pasado de puntillas.
 Este silencio y esta falta de interés resultan sumamente extraños dado que las preguntas lógicas ante un importante suceso que parece no   tener lógica surgen automáticamente, son el por qué y el para qué, cuestiones ambas sospechosamente ignoradas, y cuyas respuestas y sospechas derivadas de estas interrogaciones, si es que han sido planteadas, se han ocultado bajo el mismo manto de silencio cómplice antes señalado.

Por supuesto estoy haciendo referencia al monotema que desde hace ya demasiados meses ocupa televisiones, radios y periódicos, me estoy refiriendo al tema del proceso secesionista catalán, y concretamente al actual intento de extraditar desde Alemania a Puigdemont para que pueda ser juzgado en España por haber intentado romper la Unidad Nacional de la misma.

                                                               
                                                           
Pero resolver la cuestión de su entrega a la justicia española no ha sido tan sencillo como cabía suponerse que ocurriría una vez cursada una euroorden, algo que por lo que se ve no es para nada automático ni que respete la soberanía de las más altas instancias de la justicia nacional.

                                                           

La justicia alemana, concretamente el veredicto de un jurado local de una pequeña ciudad alemana, ha enmendado la plana al Tribunal Supremo español al mantener, en contra de lo que mantenía su propia fiscalía, que no se cumplen las circunstancias para poder ser entregado a España para ser juzgado por tal cargo, y que de ser entregado a nuestro país lo sería tan solo por el delito de haber utilizado dinero público para la realización del proceso separa tista y poder llevar a cabo el ilegal pseudoreferendum del 1 de octubre.

                                                                     

Y es precisamente en este complejo momento cuando un ministro del gobierno de España, el ministro de Hacienda y función pública D. Cristóbal Montoro hace unas declaraciones a un periodista, en una entrevista solicitada por el mismo ministro, señalando que no se ha gastado ni un euro público en la preparación y puesta en marcha del proceso que culminó en el ilegal referéndum del uno de octubre.

De esta forma el ministro hacía casi imposible que el sedicioso y traidor expresidente de la Generalidad catalana pueda ser entregado por la justicia alemana para que pudiese ser juzgado en España.
Estas manifestaciones afirmando que no hubo malversación de caudales públicos las manifestó y las continúa manteniendo contrariamente a lo que señala un pormenorizado informe presentado por la Guardia Civil a la Audiencia Nacional, el cual señala que dichos gastos ascendieron a nada menos que 1.9 millones de euros, dinero que salió de fondos públicos.

Tamaño ataque a la justicia y a la posibilidad de que Puigdemont sea castigado por el gravísimo crimen de que es acusado no puede ser atribuido a una negligencia o error de cálculo, de la misma manera que las sucesivas fugas a Bélgica o Suiza de sujetos que encabezaron la secesión tampoco lo son.

Es aquí donde nos hemos de plantearnos las preguntas: ¿por qué? Y ¿para qué se ha llevado a cabo semejante tropelía?
Pues bien, para poder contestar a las preguntas que nos hemos hecho es preciso retrotraernos algunos años, debiendo recordar que tras la implantación del Estado de las autonomías por la Constitución de 1978, de infausto recuerdo, los partidos nacionalistas vascos y catalanes, pero muy especialmente estos últimos, se hicieron imprescindibles para que los dos grandes partidos del sistema, PP y PSOE, pudiesen contar con una mayoría de votos en el Congreso que les permitiese gobernar en España.

                                                              

Es así que poco a poco, entre las cesiones de unos y otros, fueron recibiendo más y más transferencias a la par que tenían acceso a una cantidad de información relevante cada vez mayor, información comprometedora para los gobiernos y para las más altas instancias del Estado.
Debido a estas informaciones las cesiones ante los nacionalistas catalanes fueron cada vez mayores puesto que la capacidad de chantajear a los gobiernos era también mayor.

                                                            


Llegamos al punto en que el principal promotor del separatismo en Cataluña, Jorge Pujol, empezó a ser considerado en todos a todos los niveles gubernamentales y por la población como “un hombre de Estado”.
Sin la capacidad de presión y chantaje antes descrita es muy difícil, por no decir que resulta imposible, entender que la familia Pujol, una verdadera mafia que ha robado varios miles de millones de euros sirviéndose del poder omnímodo que detentaban en la Generalidad no haya sido enjuiciada y no esté en prisión.
Pero ha sido el mismo patriarca del clan el que en más de una ocasión, y públicamente, ha amenazado con revelar informes que pondrían en serio aprieto la continuidad misma del status quo actual del estado

Para poner todo en su adecuado lugar y tener de esa forma una visión adecuada de la situación hemos de recordar que Jorge Pujol fue el que durante décadas ha venido socavando la Unidad de España a través de la consecución de transferencia con la intención de alcanzar la secesión de Cataluña. La realidad es que Mas y posteriormente Puigdemont no son otra cosa que hijos políticos suyos, continuadores de su obra independentista.

Y es a través de todo lo señalado que empieza a tener sentido que a la inteligencia y  las fuerzas de seguridad españolas no hubiesen sido capaces de localizar e intervenir las urnas del 1-0, que  los cabecillas independentistas hayan podido salir de territorio nacional y  de este modo sustraerse a la acción de la justicia y que ante  la probable extradición del sedicioso Puigdemont, aunque tan sólo fuese por el delito de malversación de caudales públicos, el ministro Montoro haya declarado que no hubo ningún uso indebido de dinero público con destino al proceso.

                                                                


Lo que ha hecho el ministro de Hacienda no tiene otro calificativo que traición

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